Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible- MeSCALC proclama contra la violencia, abuso, maltrato hacia las personas mayores.
Ante un nuevo 15 de junio, Día internacional de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, como Grupo Temático de Personas Mayores de la Mesa de Vinculación (GTPM) integrado por distintas organizaciones sociales de América Latina y el Caribe, queremos reconocer y valorar la contribución protagónica de las personas mayores de la región que junto a sus organizaciones han realizado enormes esfuerzos para contribuir a la aprobación de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Aunque es imprescindible denunciar que las legislaciones, políticas y programas que se vienen implementando por nuestros Estados siguen siendo limitados y lentos en su aplicación, generando obstáculos en el acceso a una verdadera justicia social y propiciando múltiples violencias y segregación para las personas mayores basados en prejuicios edadistas. Comprendemos que este flagelo que sufrimos las personas de 60 años y más en todo el continente, es causado por la desatención progresiva por parte de los Estados de los derechos fundamentales y libertades de las personas mayores, debido a una sociedad que tolera el viejismo, sin atreverse a tomar la decisión de tipificarlo como un delito y un crimen contra la humanidad.
La violencia y el maltrato en la vejez son un importante problema de salud pública a nivel mundial, el estudio de Yon et al. (2017)1 concluye que el abuso hacia las personas mayores es una prioridad de salud pública descuidada, especialmente en comparació n con otros tipos de violencia que sufren otros grupos de población. Esta grave desatención y negligencia deliberada en materia de derechos fundamentales provoca que una de cada seis personas mayores en todo el mundo tengamos que vivir violencia y maltrato.
Este 15 de junio denunciamos la falta de prioridad en el acceso a la justicia y la pronta diligencia por parte del Estado en la protección de nuestros derechos como personas mayores, generando situaciones permanentes de injusticia, muchas veces coronadas por la muerte. Así también, hay que señalar que, si bien la esperanza de vida en la región aumentó en las últimas décadas, la expectativa de vida saludable solo se ha incrementado 1,3 años en 30 años, mientras que la pandemia por COVID 19 ha reducido en 2,5 años la esperanza de vida en las personas mayores de 60 años. Un 40% de las personas mayores en América.
Latina y el Caribe envejecen en situaciones de pobreza, sin los recursos suficientes para resolver sus necesidades básicas2, a la vez que los recortes a los sistemas de pensiones siguen profundizándose y son defendidos por distintos sectores políticos y organismos internacionales, generando violencia material multisectorial que nos impide acceder a la justicia social para el logro de una vida digna. La pandemia visualizó nuestra falta de acceso a servicios de cuidados y salud adecuados y prioritarios, estando como personas mayores sentenciadas a la muerte por protocolos de últimas camas, los cuales asumían que ya habíamos vivido lo suficiente y que, por tanto, lo menos grave era nuestra exclusión de tratamientos sanitarios, poniendo en riesgo nuestra integridad física y emocional, justificando en la discriminación por edad nuestra exclusión social, simbólica y material, generando un GERONTOCIDIO mundial.
Las múltiples violencias que como personas mayores sufrimos generan procesos de discriminación interseccionales y de desigualdad estructural que atenta con nuestra capacidad material para una vida digna, segregando y afectando también nuestras posibilidades de formar parte y tomar decisiones colectivas con el resto de las personas que componen el tejido social.
El reciente Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA3, sobre los Derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección en las Américas (2023), alerta sobre la violencia sistemática que sufrimos las personas mayores producto de procesos estructurales de discriminación por edad. Este 15 de junio de 2023 queremos concientizar sobre la existencia de la edad como un criterio numérico diferenciado con respecto del cual las personas mayores experimentamos discriminación y en consecuencia, procesos de exclusión, violencia sistemática y vulneración de nuestra integridad material, social y política, y hasta la muerte.
El principio de igualdad y la prohibición contra la discriminación por motivos de edad en la vejez son reconocidos en la Convención sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, instrumentos que tienen efectos sobre las obligaciones estatales en materia de derechos humanos en nuestra región. En 2017 se pidió especialmente en Asunción durante la Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental de Envejecimiento, tipificar y sancionar los delitos dirigidos hacia las personas mayores en otras Convenciones, específicamente las prácticas de tortura y tratamientos inhumanos y degradantes. Sin embargo, vemos con preocupación como a pesar del avance del reconocimiento jurídico en nuestra región, sigue existiendo una brecha en los mecanismos efectivos de igualdad y no discriminación para las personas mayores.
2 Datos extraídos de: Envejecimiento en América Latina y el Caribe: Inclusión y derechos de las personas mayores | Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores (cepal.org). 3 PersonasMayores_ES (oas.org).
La discriminación por edad en la vejez, el viejismo, es la causa fundamental de las distintas violencias que sufrimos las personas mayores, y los Estados tienen la obligación de combatirla mediante acciones para la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia poniendo especial atención en las violencias transversales como las basadas en el género, la que sufren personas mayores pertenecientes a pueblos originarios, migrantes, LGTBIQ+, personas en situación de dependencia, personas mayores con discapacidad, personas privadas de libertad teniendo en cuenta su particular situación, personas que viven en instituciones de cuidado permanente y personas en situación de pobreza e indigencia.
Nuestras vidas importan y exigimos tener derecho a una vida libre de todas las formas de violencia sin discriminación, seguir formando parte de nuestras comunidades y seguir aportando nuestra experiencia y saberes sin barreras materiales y simbólicas. Luchamos por un cambio cultural donde la vida esté centrada en la persona en todo el curso de vida y nadie quede atrás.
