Carta de San José, Mayo 2012: En el marco del seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Internacional de Madrid y la Declaración de Brasilia sobre el Envejecimiento como representantes de organizaciones sociales y de personas mayores, redes, organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas y académicas de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, reunidos en la localidad de Tres Ríos, Cantón de LA UNIÓN, en Costa Rica, y después del análisis y discusión sobre la situación actual de la población adulta mayor de la región y el gran desafío que plantea el envejecimiento poblacional hacemos la siguiente declaración:
Consideramos importante resaltar, de la realidad latinoamericana, los siguientes aspectos:
1. Los derechos de las personas adultas mayores siguen siendo vulnerados. A la gestión en relación con la vejez y el envejecimiento, le falta coherencia entre el discurso que enfatiza los derechos y el cumplimiento de los mismos. En este contexto, las personas mayores
continúan sufriendo de discriminaciones múltiples; diferentes tipos de maltrato y violencia; pobreza, y falta de acceso a la justicia.
2. El enfoque de políticas públicas y programas dirigidos a las personas adultas mayores, no ha ido acompañado del desarrollo de una visión de la vejez que dé cuenta de la diversidad de formas de envejecer. Carecen de perspectivas intergeneracional y de género e
invisibilizan a las personas del área rural, indígenas y afrodescendientes.
3. Las políticas de vejez carecen de prioridad y de presupuestos estables y sostenidos lo cual las torna ineficaces en su implementación, al tiempo que no se puede hacer seguimiento y control de las mismas.
4. Un alto porcentaje de la población carece de acceso al trabajo formal, digno y en consecuencia, queda excluida de la seguridad social y de la posibilidad de contar con una vejez digna. En aquellos países donde se han implementado los sistemas de pensiones decapitalización individual, se generan situaciones de desigualdad e inequidad, y además deincertidumbre frente a los riesgos financieros.
5. La persistencia de la reproducción estructural de la pobreza reafirma la desigualdad e inequidad para todas las edades, así como, la obligación de continuar trabajando en edades avanzadas, la mayoría de las veces, en espacios informales y en condiciones precarias.
6. Los grupos de población adulta mayor, desplazada, refugiada, migrante y de zonas fronterizas, continúan en especial condición de vulnerabilidad. Los cambios en las estructuras de los servicios de salud y las formas de afiliación suelen limitar el acceso a la atención oportuna, desatendiendo hasta sus necesidades más prioritarias. Tampoco pueden disfrutar de las otras áreas de la seguridad social.
7. Los servicios de salud pública no toman en consideración las necesidades de las personas adultas mayores, lo cual se agrava debido al incremento porcentual y absoluto de este grupo y afecta de manera directa la funcionalidad y la independencia de las personas mayores y en consecuencia, incide en su autonomía y economía familiar.
8. En la mayoría de nuestros países, el cuidado y atención a personas adultas mayores no ha sido suficientemente asumido en el marco de políticas públicas y recae principalmente en mujeres, muchas de ellas, adultas mayores, sin que se le reconozca su aporte para el acceso a los beneficios de la seguridad social y demás programas del Estado.
9. La visibilidad e identidad en la participación social, política, económica y cultural de las personas mayores todavía es muy incipiente, y en muchos casos se reduce a la calidad de “beneficiario” en el marco de programas de subsidios sociales del Estado.
10. Las personas mayores siguen afectadas por la estigmatización hacia la vejez y el envejecimiento en programas, servicios sociales y jurídicos sin respetar su autonomía, calificándolas de incapaces. Reforzando una imagen negativa de la vejez, promovida especialmente por intereses del mercado.
11. La “institucionalización” en establecimientos de larga estadía sin consentimiento informado de las personas adultas mayores y sin estándares de calidad de los servicios constituye una violación de los derechos humanos.
12. La lógica de la economía mundial (políticas neoliberales) en un mundo de concentración de la riqueza y globalización de los mercados conlleva a una distribución inequitativa y a ver a las personas mayores como una carga para los Estados.
